Global NCAP: los accidentes que se evitarían respetando las normas

Según un informe de la Global NCAP unas 40.000 vidas podrían ser salvadas para el 2030 en América Latina si se adoptarán las regulaciones básicas de seguridad vehicular propuestas por la ONU para la región.

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El Global NCAP y el Banco Interamericano de Desarrollo publicaron un informe que revela que aproximadamente unas 40.000 vidas de ocupantes de vehículos pueden ser salvadas, y 400.000 lesionados graves pueden evitarse para el 2030 si en América Latina se adoptarán las regulaciones básicas de seguridad vehicular propuestas por la ONU para la región.

ACCIDENTES EVITABLES

El Laboratorio de Investagación del Transporte del Reino Unido llevó a cabo el estudio independiente y sus conclusiones están estrechamente alineadas con las recomendaciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Metas Mundiales para el Desarrollo Sostenible.

El objetivo de este estudio fue predecir cuántas muertes y heridos podrían ser prevenidos en cuatro países de América Latina: Argentina, Chile, México y Brasil, estableciendo las normativas de seguridad mínimas para vehículos y a través de los programas de pruebas de choque de consumidores.

Las principales normas consideradas fueron las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referidas a cinturones de seguridad y anclajes, y a la protección para ocupantes en impacto frontal y lateral.

El estudio concluye que hasta 40.000 muertes de ocupantes de vehículos podrían ser prevenidas entre el 2016 y el 2030, si se implementaran los estándares mínimos de seguridad vehicular. Si también se consideran a los ocupantes seriamente lesionados, entonces se estima que hasta 440.000 ocupantes de vehículo muertos y/o lesionados podrían ser salvados.

Asimismo, una evaluación económica sugiere que estas reducciones en el número de víctimas podrían ahorrar hasta $143 mil millones de dólares en diferentes gastos entre el período entre 2016 y 2030.

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EN PALABRAS

David Ward, Secretario General de Global NCAP, dijo: “el resultado de este informe es claro, los costos de mejorar los vehículos de la población de América Latina para lograr lo requerido por la ONU es una minúscula fracción de los $143 mil millones que se ahorran”.

Por su parte, Dalve Soria Alves, Especialista Senior de Transporte/Coordinador de Seguridad Vial del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró que algunos países de América Latina han comenzado el proceso legislativo y ahora están aplicando algunas normas que son similares a la de UE y a la de otras regiones industrializadas, pero sigue habiendo una brecha significativa entre las normas de seguridad de los vehículos regulados en las regiones industrializadas con los de América Latina. En particular, las pruebas de impacto frontal y lateral impuestas por las regulaciones de las Naciones Unidas, deberían ser obligatorias y aplicadas a todos los vehículos nuevos que se quieran vender en toda la región de América Latina, y esto debería ser lo más rápido posible. Finalizó afirmando que: «este informe muestra la cantidad de vidas que se pueden salvar si se implementan medidas de seguridad, el BID exhorta a todos los gobiernos que las implementen sin demora alguna».

A su vez, María Fernanda Rodríguez, Presidente de Latin NCAP, también se refirió al tema argumentando que este reporte demuestra que se tienen que implementar las regulaciones de la ONU en la región de América Latina. Se sabe que los fabricantes pueden pero no cooperan, y que los gobiernos tienen que actuar ahora para salvar vidas de sus ciudadanos que merecen los mismos niveles de protección que los estadounidenses o europeos.

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Finalizando el comunicado Richard Cuerden, Jefe Científico del Laboratorio de Investigación del Transporte del Reino Unido, sentencio que existe una necesidad urgente de adoptar los reglamentos de seguridad secundarios para vehículos impuesta por las Naciones Unidas en América Latina. Tales normas de seguridad han estado en vigor en la UE hace décadas y evitarían las innecesarias muertes y lesiones de cientos de miles de personas. El establecimiento de una protección más común y equitativa en el caso de una colisión, para todos los usuarios de vehículos, sin importar la región, sería un gran paso para la democratización de la seguridad vial a nivel mundial.

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